CIUDAD DE MÉXICO.- El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, envió una carta al Senado pidiendo que no se apruebe la Ley de Seguridad Interior.

La misiva fue enviada al Presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero; a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), integrada por los coordinadores parlamentarios de los partidos; y a los presidentes de las comisiones que dictaminarán la ley.

"La ONU-DH hace un llamado respetuoso al Senado de la República a no aprobar la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior", se lee en la carta.

El documento es acompañado por un anexo en el que se desglosan 14 puntos preocupantes del proyecto a discutir, el cual fue avalado por la Cámara de Diputados la semana pasada.

"Entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo", resume.

"(Además) reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos".

En el anexo, critica la utilización de conceptos laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria.

"Los escenarios que permiten habilitar las acciones previstas en la ley son demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrían activar los mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos", advierte.

También considera que hay un papel indebido de las Fuerzas Armadas y que la autoridad civil se somete al mando militar.

"Cuando intervengan las Fuerzas Armadas, corresponderá a los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina proponer a un comandante de las Fuerzas Armadas para que dirijan los grupos interinstitucionales", señala.

"La línea de mando del comandante designado sería la Secretaría de la Defensa Nacional o Marina, lo que nuevamente elude el liderazgo y responsabilidad de la autoridad civil".

Ausencia de controles, de políticas de fortalecimiento de las instituciones y una indebida regulación del uso de la fuerza, son otros puntos enlistados.

"La norma prevista en el artículo 8 sí incluye a la protesta dentro del ámbito material de la norma pues solamente impide que la misma sea considerada 'amenaza', más no 'riesgo'", se lee en lo referente a afectaciones a la protesta social.

En concordancia con la ONU-DH, los relatores sobre libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidieron no avalar la ley como una de las recomendaciones al Estado mexicano.

"Abstenerse de aprobar la Ley de Seguridad Interior en su versión actual y en su lugar iniciar un diálogo abierto e integral sobre el modelo de seguridad que el país necesita" indican en el párrafo 68 de sus observaciones preliminares.