CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de la discusión de la Ley de Seguridad Interior en comisiones del Senado, colectivos, organizaciones nacionales e internacionales, así como instituciones académicas, urgieron no aprobarla.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtieron que los cambios al proyecto no son sustantivos.

"(El proyecto de ley) sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México", expusieron.

"La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios sustantivos".

Mediante pronunciamientos en redes sociales, las Comisiones de Derechos Humanos de Baja California, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Yucatán y Oaxaca urgieron la apertura de un diálogo sobre la legislación.

En tanto, los rectores de la UNAM, Universidad de Guadalajara y la Ibero se sumaron a la petición de un diálogo amplio e incluyente que dé voz a las víctimas de la violencia y privilegie los argumentos basados en la evidencia, el conocimiento científico y las lecciones aprendidas en el ámbito nacional e internacional.

"Esta Ley debe discutirse en un contexto más amplio que permita revisar la política de seguridad del Estado mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño tanto de las autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad pública, como de las Fuerzas Armadas", expusieron.

Los Rectores Enrique Graue, de la UNAM; Iztcóatl Tonatiuh Bravo, de la UdeG, y David Fernández, de la Ibero, señalaron que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en los términos enviados por la Cámara de Diputados corre el riesgo de repetir un patrón fallido de seguridad.

La diputada Evelyne Gebhardt, del Parlamento Europeo, expresó su preocupación por esa legislación.

"Un mando militar en tareas de seguridad pública, según todas las experiencias internacionales, es inapropiado", indicó a través de una carta a la Cámara alta.

"El proyecto de ley también preocupa por sus eventuales retrocesos en transparencia y acceso a la información y por no garantizar un control democrático-legislativo y judicial-del uso de la fuerza".

En tanto, los colectivos #SeguridadSinGuerra y #FiscalíaQueSirva reprocharon que la minuta de la Ley de Seguridad Interior tenga  cambios cosméticos.

"Palabras y comas que no alejan a la Ley de Seguridad Interior de la inconstitucionalidad, ni le dan a las Fuerzas Armadas el marco jurídico que necesitan", advirtió Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.