CIUDAD DE MÉXICO.- Una Ministra de la Suprema Corte de Justicia rechazó la petición del Congreso de Sonora, ahora controlado por Morena, para suspender una reforma que impide remover a los seis principales funcionarios administrativos del órgano legislativo y sus subordinados directos.

La Ministra Margarita Luna Ramos negó este martes suspender el artículo segundo transitorio de la reforma del pasado 13 de agosto a la Constitución de Sonora, por la cual la Gobernadora priista Claudia Pavlovich generó varios candados antes de la toma de posesión de la mayoría morenista en el Congreso.

El transitorio en cuestión aclaró que los directores generales, los subdirectores, el Oficial Mayor y el Contralor Interno que estaban en funciones en agosto pasado, cuando el PRI dominaba el Legislativo, quedarían protegidos por el artículo 64, fracción XXI de la reforma.

Éste señala que dichos funcionarios tienen que ser designados por dos terceras partes de los diputados y sólo pueden ser removidos por causas graves determinadas por el Tribunal de Justicia Administrativa.

"Resulta consustancial a un cuerpo legislativo poder nombrar a sus propios funcionarios", alegó la actual presidenta del Congreso, Rosa María Mancha.

"La probable dilación en la resolución de esta controversia, de uno a dos años, podría implicar que esta Legislatura finalice sin que jamás haya tenido funcionarios administrativos propios".

La mayoría morenista también denunció que los funcionarios heredados han incurrido en "flagrante desacato" a las órdenes que pretenden darles los nuevos diputados.

Los servidores en cuestión también incluyen a los directores Generales de Administración, Comunicación Social, Jurídico y del Centro de Investigaciones Parlamentarias, y el argumento para protegerlos fue garantizar el servicio profesional de carrera en el Legislativo.

Morena y sus aliados del PT y Encuentro Social tienen 21 de las 33 curules en el Congreso estatal, por lo que no llegan a las 22 necesarias para designar a los funcionarios o reformar la Constitución.

Luna Ramos negó la suspensión porque la Corte no puede congelar la vigencia de normas generales mientras resuelve una controversia, que puede tomar años para la sentencia final.

La negativa de suspensión puede ser impugnada ante una de las Salas de la Corte, que difícilmente resolverán antes de la primera semana de diciembre, cuando tendrán sus últimas sesiones.

En el fondo de la controversia, el Congreso pidió invalidar la reforma constitucional impulsada por Pavlovich, previamente impugnada por la dirigencia nacional de Morena en una acción de inconstitucionalidad.

Los puntos polémicos incluyen la mayoría de dos terceras partes para modificar, aprobar o rechazar el Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos que envía el Ejecutivo y el derecho de éste a presentar cuatro iniciativas preferentes por periodo de sesiones.

También la prohibición de que un grupo parlamentario presida mas de una de las cinco comisiones más importantes del Congreso, y la aclaración de que las dependencias y órganos creados por decreto legal o del Ejecutivo sólo podrán ser suprimidos a iniciativa de éste.