CIUDAD OBREGÓN.- Las malas prácticas en la incineración de gallinas en una granja avícola propiedad de la empresa Rancho Grande fue lo que originó el incendio donde al menos se afectaron 16 ranchos y miles de hectáreas a principios de semana.
Julio Aldama, presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (Aglvy), manifestó que los incendios forestales que se han presentado en los últimos días no son hechos aislados, sino acciones recurrentes de la empresa.
Resaltó que se tiene registro que en los últimos años se lleva a cabo la quema de gallinas, algunas vivas, y se vierte sobre ellas gasolina o diésel y se incinera, lo que genera que se propaguen los incendios en los pastizales.
Destacó que el fin de semana pasado el incendio que se originó en la granja fue sofocado por los mismos rancheros quienes pusieron en riesgo sus vidas, añadió que a personal de Bomberos no se les permitió el acceso por las instalaciones de la granja avícola.
Lamentó que desde la conferencia de prensa del alcalde de Cajeme se haya minimizado el problema al decir que “solo se quemó el pastizal”, como lo aseguró el director de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón.
Rechazó que los ganaderos afectados estén solicitando una compensación económica, sino que las autoridades tomen conciencia de la necesidad de alimento para el ganado que queda en pie pues un buen número de animales murieron.
El presidente de la Aglvy añadió que se pone en riesgo con esas prácticas incluso a un parque para acampar (Eco Camping) que se encuentra contiguo a la granja y cuyos propietarios son los mismos de Rancho Grande, dijo que se debe hacer conciencia que esas quemas ponen en riesgo la vida de personas.
Martha Valenzuela, una de las afectadas al quemarse el rancho propiedad de sus padres dijo que busca por la vía legal que se resarza el daño y urgió a las autoridades estatales a atender el problema para que se atienda a la brevedad.
En la exposición dejaron claro que no buscan que se cierre la granja porque representa fuentes de empleo, sino que sujeten sus prácticas a las normas oficiales aplicables.