Morena y aliados en el Senado avalaron por mayoría de votos el dictamen por el que se oficializa que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno absorberá la mayoría de las atribuciones del extinto INAI, con lo que queda a cargo de la administración del principio de transparencia.

Con 71 votos a favor, 21 en contra y 0 abstenciones, el pleno de la Cámara alta aprobó en lo general el dictamen, que será enviado a la Cámara de Diputados, por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y se modifican varios artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con ello, se crea el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción denominado Transparencia para el Pueblo.

Al fijar el posicionamiento de la bancada naranja, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, Daniel Barreda, denunció las irregularidades con las que el proyecto fue avalado por las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, reduciendo la participación del grupo parlamentario que encabeza a una opinión.

"Se da un pésimo mensaje si las comisiones pueden ser ignoradas en lo que es su materia central, ¿para qué existen entonces? ¿Para qué queremos un Senado robusto si terminamos atropellando su propio reglamento? ¿A capricho de quién? ¿A qué les beneficia no escuchar una comisión que encabeza la Oposición?", reprochó.

Barreda pidió que se reconozca la falta de rigor parlamentario y se asuma el compromiso de no reincidir en las omisiones denunciadas.

Durante el debate, los representantes del oficialismo sostuvieron que el reacomodo en materia de transparencia se instaura en congruencia con el principio de austeridad republicana, al ahorrar los gastos operativos del INAI, además de erradicar redes de corrupción.

"No olvidamos (a) quienes han sido los perfiles de los consejeros que han pasado por el INAI; ahí está el caso en el 2018 de la entonces consejera Ximena Puente de la Mora, quien renunció al INAI para buscar ser candidata del PRI, o la de María Elena Pérez-Jaén Zermeño, quien entre 2006 y 2009 fue comisionada ciudadana en el Instituto de Acceso a la Información pública del DF y posteriormente accedió a una diputación del partido que siempre lo protegió, el PAN", defendió la morenista Laura Itzel Castillo Juárez.

En tanto, la Oposición sostuvo que el ahorro presupuestario es tan sólo un pretexto para ocultar la información, destacando que la transparencia será administrada por el oficialismo y, en caso de que se precise una aclaración, serán miembros del mismo partido quienes tengan que emitir una segunda resolución.

"El artículo 112 dice que la información podrá ser escondida por el Gobierno, cuando el daño que pueda producirse con su publicación sea mayor que el interés público de conocerla ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién determinará cuál es el interés público?, pues el tipo de Gobierno de manera tramposa decidirá si la información se esconde porque no les conviene darla", advirtió la panista Imelda Sanmiguel Sánchez.

Según lo dispuesto en el dictamen, añadió, podrá ser reservada la información de estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al Estado.

"También podrá, por ley, haber opacidad cuando lo que se transparente ponga en riesgo las obras del Gobierno, aunque haya corrupción, aunque estén mal hechas, así como el AIFA y el Tren Maya", reprochó.