CIUDAD OBREGÓN.- Era el 28 de octubre de 2022, Javier Lamarque Cano anunciaba a los regidores que el Municipio se haría cargo de la operación de las plantas tratadoras de aguas residuales, anticipaba que vendría un juicio y confiaba en ganarlo.

“En este momento el Organismo Operador de Cajeme acaba de tomar posesión de las plantas tratadoras de aguas residuales para operarlas por nuestra cuenta y eso nos va agenrar un ahorro mensual de al menos la mitad de lo que pagábamos antes”, dijo el presidente municipal.

Pero casi al mismo tiempo el Oomapas de Cajeme estableció un contrato con un abogado de la ciudad a quien habría de pagarle más de 90 millones de pesos para hacerse cargo de la parte contenciosa, según Cajeme Cómo Vamos, la adjudicación estuvo viciada.

“Desde nuestra óptica se violaron algunos Artículos de las leyes del Estado y se contrataron servicios que rebasaban los porcentajes que se establecen en la norma, por esos servicios jurídicos se iba a pagar una cantidad poco más de 90 millones de pesos”, dijo Marco Polanco abogado de la asociación civil.

Cajeme Cómo Vamos interpuso varias denuncias ante la URA, Unidad de Responsabilidades Administrativas, una instancia que sanciona a los servidores públicos del municipio de Cajeme, pero la denuncia fue desechada en dos ocasiones sin exponer los motivos. 

“¿Qué investigación era? La mala contratación de los servicios legales para el litigio de Solaqua, eso nosotros lo denunciamos ante la URA, la URA abrió una investigación, pero por dos ocasiones la archivó indebidamente”, resaltó el litigante.

Ante ello, la asociación civil interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, señala que la persona titular de la URA propició el entorpecimiento, retardo malicioso o negligente del caso y la procuración de impunidad de las faltas que tuvo conocimiento.

“Es la primera denuncia penal que presenta la organización Cajeme Cómo Vamos ante la Fiscalía Anticorrupción, es una denuncia en la vía penal que presentamos el 19 de marzo de este año 2025”

La recuperación de las plantas tratadoras de aguas residuales también fue motivo de una denuncia ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en contra de servidores públicos.