CIUDAD DE MÉXICO.- Los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás advirtieron que el proceso para elegir al primer Fiscal General de la República permite un amplio margen de discrecionalidad y mantiene en la opacidad una designación de alto interés público.

En un pronunciamiento, las organizaciones afirmaron que existe un alto riesgo de que la elección no responda al mérito y se vea influenciada por intereses ajenos al escrutinio de la sociedad, con el procedimiento aprobado por el Senado.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado como una condición esencial para la autonomía de las fiscalías, que el proceso de designación del Fiscal General se sujete a los estándares internacionales aplicables.

"El proceso impulsado por el Senado de la República para la designación de la persona titular de la Fiscalía General está bastante alejado de este objetivo. La elección (...) pondrá a prueba el compromiso de México en la lucha contra la impunidad", indicaron los colectivos.

De acuerdo con el procedimiento, el Senado debe enviar al Ejecutivo una lista de al menos 10 personas candidatas, quien a su vez remitirá una terna al Senado a fin de que éste adopte una decisión final. Se presentaron 52 candidaturas, de las cuales 27 cumplieron con los requisitos.

Entre los aspectos preocupantes que plantean los colectivos, están que el Acuerdo del Senado del 20 de diciembre pasado no especifica los criterios ni el procedimiento que utilizará la Comisión de Justicia para integrar la primera lista que será remitida al Ejecutivo.

"No se han previsto mecanismos efectivos de participación ciudadana, como la posibilidad de objetar, apoyar o presentar información relevante sobre candidaturas específicas, ni la posibilidad de formular preguntas directamente, como se venía haciendo en el pasado.

"En la siguiente etapa, en la cual el Presidente seleccionará una terna (...) preocupa que se lleve a cabo mediante un proceso opaco y sin espacios de participación ciudadana, pues lo hacen impermeable al escrutinio público", agrega.

Los colectivos hicieron un llamado a los senadores para que corrijan las "irregularidades" del procedimiento y emitan un acuerdo complementario al aprobado en diciembre, para atender dichos aspectos.

Sólo un proceso transparente, con herramientas objetivas de evaluación, participación ciudadana, con reglas claras y que permita un escrutinio real, abundaron los colectivos, puede dotar de legitimidad de origen a quien encabezará la nueva Fiscalía.

"Es responsabilidad de todas las fuerzas políticas que integran el Senado garantizar esto a toda la ciudadanía", expusieron.