CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones de la sociedad civil, órganos autónomos y hasta la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tundieron este jueves la reforma constitucional que pretende aprobar el Congreso para crear la Guardia Nacional.

Tras descalificar la propuesta, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, sugirió crear una corporación intermedia, civil y especializada para hacer frente al problema de la inseguridad en el País.

Consideró que se necesita un cuerpo de seguridad que se ubique entre la intervención militar directa y la recuperación de la capacidad de las Policías.

Frente a diputados y senadores, pidió que el Estado mexicano solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión sobre la compatibilidad de la Guardia Nacional con el régimen de derechos humanos interamericano.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, también descalificó la propuesta.

Sostuvo que el mando debe ser civil, que no debe tener facultades de investigación y que sus integrantes tienen que ser siempre juzgados en el fuero civil por delitos o faltas administrativas.

Alertó sobre el riesgo de que la reforma permita la detención de personas en instalaciones militares y criticó que no existan suficientes controles desde el Congreso ni acciones concretas para fortalecer a las corporaciones civiles.

A título personal, Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se pronunció en contra del plan, tras advertir que es incompatible con un Estado constitucional.

Señaló que la intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad debe estar subordinada a civiles y fiscalizada por civiles.

Afirmó que está comprobado que, cuando interviene el Ejército, aumentan los muertos y desaparecidos, frente al número de detenidos y procesados.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, sostuvo que la aprobación de la Guardia Nacional sería como aceptar que no habrá un punto de retorno del Ejército a sus cuarteles, por lo menos en el mediano plazo.

Condenó que se pretenda engañar a los ciudadanos, ya que, dijo, es ofensivo "vender" como civil un proyecto legal, presupuestal y operativamente militarizado.

Consideró que el punto sustantivo no es la Guardia Nacional, sino la profundización de la militarización.

La activista señaló que sólo los regímenes autoritarios buscan que la primera cara del Estado sean los soldados.

Detalló que, de una muestra de 200 países, 134 tienen un esquema civil y los 33 restantes uno de mando militar, lo que coincide con Gobiernos autoritarios y poco desarrollados.

"No cometan un error histórico con nuestros soldados, marinos y policías. No tomen el riesgo de una respuesta estructural a una situación coyuntural", expresó.

En coincidencia con Morera, el investigador Alejandro Madrazo Lajous, de Seguridad sin Guerra, pidió a los legisladores modificar el dictamen y recurrir al artículo 29 de la Constitución para establecer casos de excepción en los que pueden intervenir las Fuerzas Armadas.

Calificó como una ocurrencia plantear que los integrantes de la Guardia Nacional serán "híbridos".

"El cuerpo del texto constitucional debe ser claro y unívoco: la Guardia Nacional debe ser civil, nada de híbridos y ninguna mención al mando militar en el cuerpo, sólo en transitorios", demandó.

"La excepción temporal debe anclarse en la reforma constitucional de 2008 -artículo 29-, que no ha sido acatada, y quedar fuera del cuerpo del texto constitucional".

Madrazo Lajous propuso incluso fijar una fecha determinada, no posterior al primero de enero de 2022, como límite a la desmilitarización de la Guardia Nacional, sujetándola en todo momento a reglas de transparencia y uso de la fuerza propias de seguridad pública civil.