Hasta el mediodía, el INE había recibido 110 solicitudes para corregir errores en la lista de candidatos a cargo del Poder Judicial, así como renuncias o exigencias para incluirlos.

Sin embargo, consejeros han advertido que el órgano electoral únicamente podría modificar errores en los nombres y aceptar renuncias, no añadir aspirantes que no están en las dos listas enviadas por el Senado o eliminarlos sin justificación.

Esto último, afirmaron, corresponderá a la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Ayer, durante la sesión del Consejo General, consejeros convocaron a los aspirantes a revisar las listas y presentar sus quejas, en un intento por lograr que estas sean lo más pulcras posible, ante el desaseo con el que fueron elaboradas por parte de los comités de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y el Senado.

"Hacer un llamado a todas las personas aspirantes, por favor, revisen esos datos, si hay alguna corrección háganla llegar, porque tenemos ya tiempos que están aprobados, entre ellos el 20 se va el listado ya a Talleres de México", dijo la consejera Norma de la Cruz.

Tampoco podrá resolver casos en los que los candidatos fueron registrados erróneamente. Por ejemplo, algunos aspiraban a la Sala Superior del Tribunal Electoral y aparecen para salas regionales, o buscan ser jueces y los pusieron como magistrados.

Incluso fueron los etiquetados en especialidades diferentes a las que solicitaron. También registraron a los mismos aspirantes a diversos cargos, lo cual está prohibido, y existen juzgadores en funciones que renunciaron a su aspiración y están inscritos.

Discuten ilegalidad en inclusión de ministras

Consejeros discuten en privado si es ilegal o no la incorporación de las ministras Lennia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Como en otros temas polémicos, los consejeros están divididos en dos bloques, los que aseguran que es ilegal porque fueron registradas fuera de plazo, pues este vencía el 12 de febrero, y en la lista que entregó la Cámara alta no estaban incorporadas.

Sin embargo, otros aseguran que su incorporación es legal porque lo hizo el Senado, y ellas tenían el pase automático a la boleta.

En lo único que coinciden es que será la Sala Superior la que determine si existe una ilegalidad o no.