El INE negó a candidatos al Poder Judicial de la Federación (PJF) incluir apodos en las boletas del 1 de junio, al considerar que son propaganda electoral ilícita o generarán inequidad.

El Consejo General rechazó la petición de 29 aspirantes, entre ellos la Ministra Lenia Batres, que demandó imprimir junto a su nombre la leyenda "La Ministra del Pueblo".

En el acuerdo aprobado se aclara que esta misma regla aplicará para todas las solicitudes que lleguen en los próximos días.

La mayoría de los candidatos buscaban imprimir apodos ligados con la 4T:

-"Magistrado del Cambio"

-"El Magistrado del Pueblo"

-"Abogado del Pueblo"

-"Defensor del Pueblo"

-"Juzgador de La Nación"

-"El Juez del Pueblo"

-"Jueza de la Verdad"

-"El Ángel de la Justicia"

-"El Juez del Barrio".

"Es dable concluir que, las expresiones propuestas como sobrenombre, en realidad constituyen propaganda electoral, son frases con las que pretenden ser reconocidos y posicionarse indebidamente frente al resto de las candidaturas, rompiendo con los principios de equidad e imparcialidad, que rigen la función electoral", determinó el Consejo.

Otros buscaron ligarse con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, como Marco Antonio Rojo, que aspira a ser juez administrativo, por lo que pidió que en la boleta llevara el sobrenombre de "El Juez de AMLO" o el "El Juez de la 4T".

En sus redes sociales, el aspirante argumentó que lo hizo para demostrar que, ante la carencia de lineamientos para este proceso, los candidatos buscaban nombrarse como les "viniera en gana" para hacer "propaganda barata".

"Estoy impugnando todo lo que me parece irregular en este proceso electoral y voy a litigar en contra de quien pretenda utilizar falsos sobrenombres. Ese es mi propósito, por supuesto que no voy a utilizar esos motes", justificó.

En otros casos, el organismo electoral argumentó que los apodos eran parecidos a sus nombres, por lo que resultaba un despropósito e implicaba darles más espacio en la boleta, alterando su diseño.

Ocho aspirantes más tenían apodos como "El Güero", "La Tapatía", "El Lagunero" o "El Profe", pero el Instituto indicó que aunque no afectaban, operativamente es inviable su inclusión.

"El espacio destinado para cada candidatura es el mismo, lo que no sucede con la extensión de los nombres, por lo que de aceptar el ajuste implicaría que se haga nugatorio el derecho de las candidaturas para aparecer en la boleta, pues el ajuste en el tamaño de la fuente es inminente, por lo que, en aras de proteger el principio de equidad, se niega su inclusión", se justifica.

Durante la discusión, los consejeros reconocieron que aunque incorporar un sobrenombre es legal, no basta solicitarlo, sino analizar su procedencia, y por las condiciones complejas de esta elección, habría más problemas.

"El INE, pues, les da una respuesta congruente, con razones, pero yo coincido, el INE no tendría que estarse haciendo cargo de aprobar los sobrenombres propuestos por las personas que aspiran a una candidatura".

"Eso es parte de las responsabilidades que tienen las autoridades que registran candidatos", afirmó la consejera Claudia Zavala, en alusión al Senado, que fue el que integró todos los listados para entregarlos al INE.