CIUDAD DE MÉXICO.- La Barra Mexicana de Abogados (BMA) alertó que las iniciativas presentadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad e inteligencia ponen en riesgo derechos fundamentales, y pidió al Legislativo revisarlas para asegurar su apego a la Constitución.

El organismo presidido por Ana María Kudisch Castelló expuso en un comunicado su preocupación por las iniciativas presentadas para expedir las leyes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

"Estas propuestas incluyen disposiciones que ponen en riesgo derechos fundamentales, especialmente el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones, establecidos en el artículo 16 de la Constitución", afirmó.

"Por ello solicitamos respetuosamente al Poder Legislativo que revise estas iniciativas para asegurar su apego a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos".

Las iniciativas, criticó, plantean la creación de bases de datos con información personal, fiscal, financiera, telefónica y biométrica de las personas sin orden judicial, sin criterios claros sobre su necesidad y proporcionalidad y sin medidas adecuadas de seguridad ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Se propone, explicó, un registro similar al Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional por violar los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales.

La BMA consideró que la recopilación y almacenamiento de datos personales sólo debe aplicarse en casos excepcionales y contar siempre con autorización judicial.

La Organización de las Naciones Unidas, recordó, ha advertido que el uso indiscriminado de tecnologías de vigilancia por el Estado representa una seria amenaza para las libertades de expresión y de asociación y la privacidad en la era digital.

Se debe dotar al Poder Judicial, planteó, de los recursos necesarios para ejercer un control efectivo, y establecer órganos independientes que supervisen las bases de datos autorizadas conforme a esos criterios, pues su manejo afecta el derecho a la vida privada.

"Asimismo, hacemos un llamado a entablar un diálogo amplio con personas expertas en derechos humanos y tecnología para construir un marco legal equilibrado que proteja a la ciudadanía sin poner en riesgo sus libertades", pidió.

Fortalecer las capacidades del Estado para investigar delitos, consideró la Barra, no debe dar lugar a la vigilancia masiva ni a normalizar el acceso a datos sensibles sin supervisión judicial.

La semana pasada, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, abrió la posibilidad de un periodo extraordinario para procesar las reformas que propuso el Ejecutivo federal en materia de desapariciones forzadas y de seguridad e inteligencia.

El coordinador de Morena estimó poco probable que las reformas sean procesadas en el periodo ordinario que concluirá el 30 de abril, pues en el caso de las iniciativas de seguridad e inteligencia hay un proceso de negociación para hacer modificaciones y evitar que se violen derechos humanos.