Ya es cuestión de semanas para que la jerarca en el PRI estatal decida quienes van a contender por los puestos de elección popular, la selección en el caso particular de Cajeme luce difícil pues en el caso de los dos aspirantes con más posibilidades los grupos que los respaldan bien pueden moverle el tapete a sus contrincantes en caso de hacer rabieta para que tropiecen, ya lo vimos en 2009.

Dicen los que dicen que saben que Abel Murrieta debiera encabezar al tricolor en busca de la alcaldía de Cajeme y no precisamente por su carisma o empatía con los sectores populares sino por ser quien reúne la trayectoria más completa y con amplio conocimiento de las instituciones de seguridad pública y su operación, parte muy sensible en la actualidad en Cajeme. 

Claro, Abel Murrieta no es infalible y como buen abogado se inclina más a enfrentar los problemas que a prevenirlos, se le ha visto perder la cabeza muy fácil sobre todo en sus enfrentamientos con la prensa cuando la Procuraduría no daba con bola en el inicio de las ejecuciones en Cajeme, aún con eso es lo mejor que pudiera pasarle al PRI Cajeme en 2018. Tiene sus áreas por mejorar pero para eso lo cobija un equipo que tiene todos los contactos y experiencia que pueden administrar un municipio. 

Debe el tricolor tomar la decisión más acertada a la hora de elegir a su candidato, porque ya los habitantes de este municipio están hartos de los candidatos que son puro farol, que en un negocio privado solucionan su futuro a costa de castigar por varias administraciones las arcas municipales, bajo ese criterio tendría Murrieta Gutiérrez mayores probabilidades pues el origen de su patrimonio es hasta donde se sabe, lícito. Hasta hoy nadie le ha señalado un mal uso de recursos públicos, a diferencia de una laaarga lista de sus compañeros priistas.

Es casi un hecho que en las boletas electorales además aparezcan los nombres de Rodrigo Bours y Gustavo Almada, dos ciudadanos cuya fortaleza radica en su distancia con los gobiernos de los tres órdenes y la promesa desde ahora de hacer eficiente al gobierno municipal, decirlo claro es más fácil que hacerlo, pero no hay motivos para dudar que no pudieran lograrlo.

Será muy fácil para la oposición exhibir en la plaza pública y ante la comunidad cajemense al candidato del tricolor, más si se le vincula a ese grupo que hizo del trienio del 2012 2015 tres años de Hidalgo, durante la campaña el obstáculo mayor para el candidato del PRI será precisamente emerger del tricolor, el día de la elección la estructura hará la diferencia. 

Los convenios con la IP

Parece que en mi falta de claridad no me he explicado adecuadamente o no me han querido entender bien respecto a los contratos que ha hecho el Gobierno Municipal con la iniciativa privada y es que ante todo hay que ir al campo, hay que caminar por la ciudad y constatar que lo escrito en los contratos se cumpla.

Se equivocan si creen que revisando convenios mientras se toman una taza de café van a encontrar las contradicciones y el cochupo, debo puntualizar antes que entre el convenio de la supuesta modernización del alumbrado público y el de la recolección de basura hay una enorme diferencia, meter ambos contratos en un mismo costal es por demás injusto.

En ambos casos los resultados son visibles; nunca como ahora el alumbrado público había sido tan precario en el municipio; donde no está en penumbras hay completa oscuridad y en los escasos lugares donde la iluminación funciona bien es porque no se le ha metido mano en años.

Muy diferente el caso de la recolección de basura donde el servicio que ofrece TecMed es bueno. Hasta hoy se ha cumplido con lo convenido y las quejas por ese servicio se han reducido al mínimo. Es sano reconocer cuando las cosas salen bien y en este caso pudiéramos hablar de un convenio donde ganó el ciudadano al tener un mejor servicio y la autoridad que se quitó de encima a unos zánganos que contralaban un servicio tan importante. 

No hay que regatear el reconocimiento sobre todo a un gobierno municipal que ha tenido una administración con altibajos y en algunos rubros -por ejemplo, Seguridad Pública- ha quedado a deber y se evidencia con el primer síntoma: la negación que el problema del delito brota desde el mismo aparato policiaco.