Han transcurrido 38 días y Cajeme cuenta 41 homicidios dolosos, 2019 no pinta nada bien y los gobiernos emanados de Morena y sus aliados no saben cómo entrarle al tema, tampoco los que se fueron. La llamada Mesa de Seguridad ha demostrado no servir de nada.

Llama la atención como el Alcalde de Cajeme nombró Director Operativo de la Policía Municipal a Gonzalo Villaseñor, hombre de arrojo y que ha enfrentado al fuego con fuego – eso no se le cuestiona- persona muy cercana al ex Secretario Isaac Apodaca, hasta hace unos meses (ocho para ser exacto) el ex alcalde dejaba entrever que los mandos de la policía municipal no eran del todo confiables.

“Es muy importante que los cajemenses sepan que hay un importante número de elementos de Seguridad Pública que han sido hostigados, reprimidos y sometidos en sistemas de corrupción por los altos mandos que están vinculados a la delincuencia y obviamente hay responsabilidad del Ejecutivo y no solo es responsabilidad de esta administración sino de otras administraciones anteriores”, Sergio Pablo Mariscal, 16 de junio de 2018.

A propósito de los hechos de sangre de los cuales no ahondaremos en este espacio, no podemos dejar de reprobar la manera como se criminaliza a las víctimas desde los partes oficiales.

En el comunicado oficial mencionan por cierto que van a “fortalecer a la Policía Municipal de Cajeme con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos”, ¡Cómo se nos fue a pasar esta reforma constitucional tan importante! ¿Desde cuando las policías municipales son las responsables de combatir al crimen organizado?

Ya nos demostró a principios de semana para lo que está hecha la policía municipal, al instalar filtros a las entradas de la ciudad para revisar a personas por su apariencia, a principios de la administración municipal el Secretario de Seguridad Pública aseguró que su trabajo sería en la calle, pero justo anoche que se descompuso la ciudad no crea que se excusó para abandonar la reunión que sostenía en un restaurante e ir por lo menos a que se le viera en el trabajo de campo.

Otra lucha por la tierra

De continuar las cosas como van no nos sorprenda que en los valles del Yaqui y Mayo se libre una batalla primero en el terreno legal y conociendo los antecedentes de movilización y presión, posteriormente se traslade a las calles.

Aproximadamente unas dos mil hectáreas productivas cercanas al municipio de Benito Juárez han sido señaladas de forma unilateral como propiedad de la nación, con la habilidad del convencimiento vendió la idea a cientos de personas que pueden tener algún derecho sobre ellas y de convivir en un estado de derecho no habría mayor problema.

El temor de algunos es la llegada de Petra Santos a la delegación de Sedatu en Sonora y lo proclive que ha sido a las decisiones controvertidas, por llamarlas de alguna forma.

Los actuales propietarios ya se movilizan entrevistándose con representantes de niveles altos del Gobierno Federal, Juan Gándara por ejemplo se entrevistó la semana anterior con Alfonso Durazo y al parecer de esa plática hubo un poco de tranquilidad pues la razón jurídica los asiste, pero ya sabemos cómo es esta 4T a la hora de hacer las cosas conforme a derecho, simplemente cambian las leyes.

Estaremos con que paga o compensa el Presidente López Obrador a los que pusieron sus ojos en las tierras con legítimo propietario, pues es el sexenio del entrenamiento canino donde hay premio por hacer las cosas bien y periodicazos (ahora tuitazos) a quienes lleven la contra.